A casi un año del ataque armado contra dos funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, las autoridades capitalinas confirmaron que detrás de la agresión operaba una célula criminal con presencia en la CDMX y el Estado de México, dedicada presuntamente a actividades de seguridad privada y vigilancia de inmuebles. Hasta ahora, el caso acumula 18 personas detenidas y varias líneas de investigación aún abiertas sobre el móvil del atentado.
El ataque ocurrió el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez, cuando Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y José Muñoz, jefe de asesores en materia de seguridad, fueron interceptados y baleados mientras se dirigían a sus actividades laborales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina, se trató de una emboscada planeada con anticipación y ejecutada por al menos seis personas que utilizaron siete vehículos para coordinar la agresión.
Las investigaciones oficiales indican que la planeación del ataque habría tomado cerca de 20 días. Según las autoridades, la célula criminal habría realizado labores de seguimiento y vigilancia sobre las rutas y horarios de las víctimas antes de ejecutar la agresión. El presunto autor material sería el líder operativo del grupo delictivo, aunque las autoridades aún no han revelado públicamente su identidad completa debido al curso de las indagatorias.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que hasta el momento se han cumplimentado 10 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso y permanecen pendientes otras ocho. Asimismo, detalló que 10 de los detenidos ya enfrentan imputaciones formales por homicidio y asociación delictuosa agravada.
Por su parte, la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, señaló que la investigación continúa abierta para esclarecer completamente el móvil del atentado y determinar posibles vínculos adicionales de la organización criminal. Aunque las autoridades sostienen que existe un avance importante en la desarticulación de la célula, reconocieron que aún falta establecer si hubo autores intelectuales o redes de apoyo externas.
El caso ha mantenido presión política y mediática sobre la estrategia de seguridad en la capital del país, particularmente porque el ataque ocurrió contra funcionarios de alto nivel vinculados al círculo cercano de la jefa de Gobierno y en una de las principales vialidades de la ciudad. Especialistas en seguridad han advertido que el nivel de logística empleado en la agresión refleja capacidades operativas poco comunes y evidencia la persistencia de grupos criminales con movilidad entre la Ciudad de México y municipios mexiquenses.
Aunque el gobierno capitalino sostiene que las detenciones representan un avance significativo, organizaciones civiles y analistas han cuestionado que, a casi un año del atentado, aún no exista una conclusión definitiva sobre el motivo del ataque ni sobre la estructura completa de la red criminal involucrada. También han señalado la necesidad de transparentar los alcances reales de la investigación y fortalecer los mecanismos de inteligencia preventiva en la zona metropolitana.
Las autoridades capitalinas aseguraron que continuarán las investigaciones y los operativos coordinados con instancias federales y mexiquenses para localizar a los implicados restantes y esclarecer plenamente uno de los ataques de mayor impacto político registrados recientemente en la Ciudad de México.
