El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, atribuyó el reciente choque entre vendedores ambulantes y personal de la alcaldía Cuauhtémoc a la inasistencia de funcionarios locales a una reunión pactada para revisar la documentación de los comerciantes reubicados en la zona de Ribera de San Cosme.
De acuerdo con la dependencia capitalina, los vendedores —quienes fueron trasladados desde la Glorieta de Insurgentes en 2024— tenían programado un encuentro el pasado 13 de febrero con directivos de Mercados y Vía Pública de la alcaldía, identificados como Ericka Rodríguez y Esteban Velázquez. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo, lo que derivó en la reinstalación de los puestos y en un nuevo operativo para retirarlos.
El enfrentamiento ocurrió ese mismo día en inmediaciones de Ribera de San Cosme y Avenida Insurgentes, una zona de alta afluencia peatonal y vehicular. Durante el operativo para liberar la vía pública se registraron empujones, gritos y señalamientos mutuos entre comerciantes y autoridades, lo que generó tensión en el perímetro y afectaciones a la circulación.
Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció agresiones físicas en su contra y contra integrantes de su equipo. Aseguró que los hechos fueron encabezados por comerciantes presuntamente vinculados a la diputada local Diana Sánchez Barrios, y acusó la existencia de provocaciones externas. Asimismo, exigió condiciones de diálogo y respeto a la autoridad.
En contraste, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México rechazó cualquier acto de violencia, “provenga de donde provenga”, y sostuvo que la ausencia de personal de la alcaldía fue el factor que propició la reinstalación de los comerciantes y el posterior operativo que escaló en confrontación. La dependencia reiteró su disposición para mediar entre las partes y evitar nuevos bloqueos en una de las zonas más conflictivas del corredor Insurgentes-San Cosme.
El conflicto pone nuevamente en el centro del debate la coordinación entre el Gobierno central y las alcaldías en materia de comercio en vía pública. Si bien la regulación corresponde a las demarcaciones territoriales, la Secretaría de Gobierno mantiene facultades de concertación política y atención a conflictos sociales, particularmente en áreas estratégicas de movilidad.
Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas ni de denuncias formales presentadas ante la Fiscalía capitalina. El Gobierno de la Ciudad señaló que continuará promoviendo mesas de trabajo para revisar la situación jurídica de los comerciantes reubicados y garantizar tanto el libre tránsito como el derecho al trabajo, en apego a la normatividad vigente.
El caso reabre cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de reordenamiento del comercio informal en la capital y la necesidad de acuerdos institucionales que eviten confrontaciones que afectan a vecinos, peatones y automovilistas
