Ciudad de México, 30 de marzo de 2026. Frente al aumento de riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres en el ejercicio periodístico, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa que plantea reforzar su protección legal mediante reformas a la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con énfasis en violencia de género, hostigamiento digital y agresiones a la vida privada.
La propuesta fue presentada por la diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar durante la sesión ordinaria del pasado 18 de marzo, donde advirtió que las mujeres periodistas no sólo enfrentan amenazas comunes al gremio, sino también agresiones específicas como violencia sexual, campañas de odio en línea y ataques a su integridad emocional. Estas condiciones, subrayó, requieren medidas diferenciadas y no esquemas generales de protección.
De acuerdo con el planteamiento, se busca adicionar una Fracción XXIII al Artículo 5, incorporar un Artículo 8 Bis y modificar el Artículo 45 de la legislación vigente. El objetivo central es reconocer explícitamente las distintas formas de violencia que afectan a mujeres periodistas, incluyendo la psicológica, económica, digital, simbólica y sexual, a fin de visibilizarlas, prevenirlas y sancionarlas con mayor eficacia.
Durante su intervención, la legisladora sostuvo que la libertad de expresión, la democracia y los derechos de las mujeres periodistas están estrechamente vinculados, por lo que garantizar condiciones seguras para su labor es un elemento clave en cualquier sistema democrático. En ese sentido, destacó que el periodismo realizado por mujeres amplía la pluralidad informativa y contribuye a enriquecer el debate público.
Como sustento, citó datos de estudios internacionales de 2022 que señalan que cerca del 75% de las mujeres periodistas han experimentado violencia en línea, frecuentemente acompañada de amenazas directas. Este fenómeno, advirtió, genera autocensura, limita la participación en espacios públicos y afecta el derecho de la sociedad a recibir información.
La iniciativa también propone que todas las autoridades competentes actúen bajo un enfoque de perspectiva de género, reconociendo las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres periodistas. Esto implicaría diseñar mecanismos específicos de protección que respondan a sus contextos de riesgo, evitando medidas homogéneas que resulten insuficientes.
No obstante, el planteamiento abre el debate sobre la eficacia real de las reformas legales frente a un contexto donde la violencia contra periodistas persiste pese a marcos normativos existentes. Organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México han señalado en informes previos la necesidad de fortalecer la implementación y seguimiento de medidas de protección, más allá de su diseño legislativo.
Tras su presentación, la Mesa Directiva del Congreso local turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Protección a Periodistas para su análisis y eventual dictaminación. El proceso legislativo definirá si estas modificaciones logran traducirse en mecanismos efectivos o se suman a un entramado jurídico que aún enfrenta retos en su aplicación.
La discusión ocurre en un contexto nacional donde diversas instituciones, como la Secretaría de Gobernación, han reconocido la persistencia de agresiones contra periodistas, lo que coloca el foco en la urgencia de políticas públicas integrales que combinen prevención, protección y sanción.
