Durante una conferencia y posicionamientos difundidos en redes sociales, comerciantes encabezados por la diputada Diana Sánchez Barrios sostuvieron que no hubo agresión directa contra la alcaldesa, sino un enfrentamiento derivado —afirman— de la actuación de funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc. Aseguraron que existen grabaciones y testimonios que demostrarían presuntas agresiones verbales y físicas contra “familias trabajadoras”.
Los vendedores argumentaron que fueron reubicados en la zona de San Cosme desde 2024, luego de desalojos en otros puntos como la Glorieta de Insurgentes, y que contaban con autorización del Gobierno de la Ciudad de México para ejercer el comercio en la vía pública. No obstante, hasta el momento no se han exhibido públicamente los permisos que respalden dicha afirmación.
Sánchez Barrios criticó que la alcaldesa los calificara de “criminales” y sostuvo que la autoridad privilegió el uso de la fuerza sobre el diálogo. La legisladora local se ofreció como mediadora para reactivar las negociaciones y evitar nuevos episodios de confrontación. También cuestionó que la alcaldía haya implementado un operativo sin agotar, dijo, los canales institucionales de concertación.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México atribuyó el conflicto a la inasistencia de la directora de Mercados y del subdirector de Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc a una reunión previamente acordada con los comerciantes. Según la dependencia, la falta de diálogo formal derivó en la reinstalación de los puestos y en un nuevo operativo para retirarlos.
Desde la alcaldía Cuauhtémoc se ha insistido en que la recuperación del espacio público responde a la normatividad vigente y que ningún pago a líderes o intermediarios garantiza permisos legales para la instalación en la vía pública. Algunos vendedores reconocieron que existen cuotas pagadas a supuestos representantes para poder trabajar, aunque señalaron que ello no sustituye los trámites ante la autoridad competente.
El conflicto expone nuevamente la tensión estructural entre el derecho al trabajo y la regulación del espacio público en la capital. De acuerdo con lineamientos del Gobierno capitalino, cualquier actividad comercial en vía pública debe contar con autorización expresa y cumplir con criterios de ordenamiento urbano y protección civil, cuya supervisión corresponde tanto a las alcaldías como a instancias centrales.
Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni lesionadas de gravedad, y las autoridades capitalinas han reiterado su disposición al diálogo institucional. Sin embargo, el caso mantiene abierta la discusión sobre la transparencia en la expedición de permisos, la actuación de funcionarios locales y el papel de organizaciones de comerciantes en la gestión del espacio público.
