La inédita Elección Judicial realizada en la Ciudad de México en 2025 dejó al descubierto desafíos técnicos, legales y operativos que obligaron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a redefinir procedimientos y construir reglas sobre la marcha, reconocieron consejeras electorales durante el Ciclo de Diálogos sobre la Elección Judicial organizado junto con la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque las autoridades defendieron el proceso como un ejercicio innovador y observado internacionalmente, también admitieron áreas de mejora relacionadas con certeza jurídica, pedagogía ciudadana y complejidad operativa.
Durante la mesa “¿Cómo votamos en la Elección Judicial?”, la consejera electoral Sonia Pérez Pérez sostuvo que la elección representó un modelo sin precedentes a nivel mundial, debido a que permitió a la ciudadanía elegir mediante voto popular a jueces, magistrados y otras personas juzgadoras tanto del ámbito local como federal. Señaló que diversos países siguieron de cerca el desarrollo del proceso y enviaron observadores para analizar el mecanismo implementado en México.
La funcionaria reconoció que el nuevo esquema rompió con las lógicas tradicionales de organización electoral y abrió un debate sobre la viabilidad, alcances y riesgos de trasladar decisiones altamente técnicas al electorado general. En ese contexto, llamó a realizar un análisis crítico sobre los resultados y el funcionamiento del modelo judicial-electoral, particularmente ante la necesidad de fortalecer mecanismos de información y comprensión ciudadana.
Por su parte, la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz explicó que uno de los principales desafíos consistió en crear lineamientos operativos específicos ante la ausencia de reglas plenamente definidas en la Constitución y en el Código Electoral. Indicó que el IECM tuvo que emitir criterios técnicos para garantizar certeza a candidaturas y votantes, entre ellos los Lineamientos de Cómputo y el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y nulos.
Hernández Cruz detalló que el diseño de las boletas electorales representó otro de los retos más complejos debido al elevado número de cargos y aspirantes en disputa. Tras múltiples revisiones, el proceso contempló 137 cargos y 607 candidaturas, situación que incrementó la dificultad logística y operativa de la elección. La consejera admitió que las autoridades electorales locales debieron construir reglas prácticamente desde cero para garantizar un proceso “pulcro” y confiable.
Las autoridades electorales también destacaron que la complejidad de la elección obligó a desplegar estrategias pedagógicas inéditas para orientar a la ciudadanía. Entre ellas figuraron simuladores de votación, el sistema “Conóceles Judicial” y campañas informativas como “La Ruta de la Boleta”, diseñadas para explicar directamente a la población cómo emitir correctamente su voto y conocer a las candidaturas. Según el IECM, estas acciones ayudaron a reducir errores en el llenado de boletas.
En el encuentro, Víctor Yuri Zapata Leos señaló que entidades como Chihuahua implementaron mecanismos innovadores, entre ellos el cómputo simultáneo y la videograbación permanente de sesiones para fortalecer la transparencia. No obstante, reconoció que aún existen áreas de oportunidad, como el foliado de boletas durante el escrutinio y cómputo, mecanismo que podría mejorar la trazabilidad y reforzar la confianza en los resultados.
Asimismo, José Luis López Chavarría recordó que la implementación de elecciones judiciales en México avanza de forma desigual entre las entidades federativas. Precisó que 19 estados realizaron elecciones extraordinarias en 2025 para renovar magistraturas y juzgados mediante voto popular, mientras que otras 13 entidades aún no han aplicado este mecanismo y enfrentarán el reto hasta 2027.
El diálogo celebrado en el Auditorio “Benito Juárez” de la Facultad de Derecho de la UNAM evidenció que, pese a los esfuerzos institucionales por consolidar la Elección Judicial, persisten cuestionamientos sobre la complejidad del modelo, la capacitación ciudadana y la necesidad de construir marcos normativos más sólidos que garanticen legitimidad, transparencia y plena certeza jurídica en futuros procesos.
