El cerco legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos forzó la separación del cargo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Tras ser señalado formalmente por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado transnacional, el mandatario presentó su solicitud de licencia la noche del viernes.
La acción ejecutiva marca un giro judicial crítico, trasladando la responsabilidad primaria de la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia federal mexicana ha comenzado a integrar el expediente binacional para evaluar el sustento de las acusaciones y definir el curso legal, el cual podría derivar en un proceso de extradición.
La presión institucional rebasó los límites del Palacio de Gobierno estatal y alcanzó directamente a las alcaldías. Juan de Dios Gámez, edil de Culiacán y pieza política clave en la estructura administrativa actual, replicó la maniobra legal solicitando licencia debido a su inclusión documentada en la misma indagatoria estadounidense.
Las dimisiones simultáneas desmantelan el primer círculo del poder político en Sinaloa, exponiendo la vulnerabilidad de las instituciones locales frente a investigaciones extranjeras focalizadas en el rastreo de financiamiento ilícito y colusión criminal a nivel gubernamental.
El cambio de postura de Rocha Moya subraya la gravedad de las pruebas que obran en poder de Washington. Durante sus últimas declaraciones públicas como gobernador en funciones, el político minimizó el riesgo de aprehensión, afirmando a la prensa que su única preocupación era carecer de «vida suficiente para dar seguimiento al proceso judicial».
Con la salida del titular del ejecutivo, la responsabilidad de mantener el orden legal y el control administrativo recae temporalmente en Yeraldine Bonilla, secretaria de gobierno. El Congreso estatal someterá a escrutinio legal su nombramiento como gobernadora interina en medio de un clima de escrutinio internacional.
El seguimiento de los recursos financieros y las redes operadas desde las administraciones de Rocha Moya y Gámez se mantienen como el eje central de las pesquisas de la FGR. Las autoridades operan ahora contra reloj para judicializar las carpetas de investigación en territorio mexicano ante la inminencia de acciones por parte de cortes extranjeras.
